Fernando Lezcano *
Estamos asistiendo a una profunda involución en las políticas que se aprueban y en los modos y maneras de gobernar.
El Gobierno elimina derechos históricos de cudadanía, lo hace mediante Real Decreto y con la máxima urgencia, ignora el diálogo social y la negociación con los interlocutores sociales y para mayor sonrojo lo presenta en sociedad, cual publirreportaje, en medio de un recital de mentiras. En este caso, fue tal su arrogancia y desvergüenza que a las 24 horas de poner en circulación el vídeo promocional sobre la reforma laboral la Junta Electoral Central decidió la retirada inmediata del mismo (el 25 de marzo se celebran elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias). Parece que la huelga general del 29M ha provocado no pocos nervios en el Gobierno.
Muchas han sido las voces del entorno mediático del Ejecutivo que han arremetido contra CCOO y UGT por haber precipitado la convocatoria de una huelga general, cuando apenas habían transcurrido dos meses desde su constitución. Lo que silencia este entorno es que en poco más de unas semanas el Gobierno ha activado un programa de reformas (o contrarreformas) que acaba con el modelo de relaciones laborales de la democracia y que, a golpe de recortes presupuestarios, adelgaza el Estado de bienestar, hasta poner en peligro el futuro de los servicios públicos. Si a ello sumamos el entusiasmo con el que los ministros españoles asumen en Bruselas los dictados de las autoridades monetarias, confirmando la supremacía del dinero sobre la democracia, o los reiterados anuncios de que realizarán cambios sustanciales en la legislación de derechos civiles como el aborto o el matrimonio homosexual, para adaptarlos al ideario conservador, concluiremos que estamos ante una ambiciosa revolución conservadora. Cuando se juntan el dinero y la ideología para legislar lo normal es que se acabe haciendo añicos varios capítulos de la Carta Magna.
Por tanto, si evaluamos con serenidad el paquete de recortes, la drástica reducción del déficit a costa de salarios y gasto social, el sacrificio de la actividad económica y el empleo que puede conducirnos, según fuentes del Gobierno, a los 6 millones de personas en paro a finales de 2012, el progresivo deterioro de los servicios públicos y las políticas sociales, la quiebra del diálogo social, del modelo de relaciones laborales y de la negociación colectiva que incorpora la reforma laboral, o el propio desaire a la democracia, recurriendo al decreto y a los procedimientos de urgencia para imponer sin negociación medidas de efectos retardados, la convocatoria de una huelga general para el 29M se me antoja justa, necesaria, imprescindible.
El ejecutivo debe saber que cuando se pierde la vergüenza en los modos y maneras de gobernar, corre el riesgo que de que los gobernados le retiren el respeto.
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